El derecho a la verdad, un derecho humano en México
“Que pena que hayamos comenzado hasta ahora, de lo contrario ya estaríamos ahí” – Arthur Schopenhauer
Han pasado 67 años desde el momento en que Eleonor Roosevelt presentó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, un documento que confirmaba el compromiso de trabajar en favor de la Libertad, la Paz y la Justicia, un 10 de diciembre de 1948. En esa sesión 183, 48 países votarían a favor, 8 abstenciones, 2 ausencias y ningún país en contra. El sentido era tener acciones claras por la igualdad, privilegiando la dignidad de todas las personas como un valor mínimo para entablar las relaciones entre los países. La justicia social habría sido ignorada durante la segunda guerra mundial propiciando altos índices de pobreza, desigualdad y violencia racial a partir del Holocausto Nazi. Esa utopía llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH) afirma y sueña con que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, aunque luego no podamos validarlos.
En México los DDHH son Constitucionales desde 2011 y a pesar del gran esfuerzo que implicó dicha modificación no ha sido acompañada de la implementación de políticas públicas que reviertan la desigualdad, que terminen con los privilegios de algunos políticos, que eliminen el abuso de autoridad, que promuevan la paz, la justicia, el respeto a la dignidad y que garanticen “el derecho a la verdad”. Por el contrario, los resultados en materia de justicia e igualdad exhiben números rojos, y han detonado movimientos sociales que lo mismo caminan carreteras que emplazan a las autoridades exigiendo a una voz: verdad y justicia.
El derecho internacional garantiza el derecho a la verdad para aquellas personas víctimas de atrocidades, en México sólo le reconocen bajo esa categoría a quienes han desaparecido y mueren asesinados dejando familias enteras que buscan con desesperación a sus parientes, exigiendo al Estado la reparación del daño.
El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este año abrir los archivos en consonancia con el “derecho a la verdad” del movimiento estudiantil del 68, además de impulsar junto a la academia y ONG´s el proyecto “Memoria y Verdad” en donde se incluirán los expedientes de 15 casos emblemáticos como: Ayotzinapa, Tlatlaya, el halconazo de 1971, la masacre en Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, Guardería ABC. Momentos de la historia de México que parecieran borrados de la memoria política de quienes gobiernan y que solo con la insistencia de la sociedad organizada han podido mantenerse vivos y en un latente deseo de justicia. Ese proyecto habrá de organizar la información proporcionada de cada casos para crear un expediente rubusto que ofrezca a la ciudadanía la verdad, solo revelada a través del ejercicio del Acceso a la Información Pública.
Con ese antecedente se antoja que el Derecho a la Verdad en México se vuelva un “Derecho Llave” y sirva para abrir cajones y puertas que nos han sido restringidas. Con cuanta nitidez podemos revestirnos ahora del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ha detonado un andamiaje para garantizar otros derechos que en 1948 no existían como la Transparencia, la Rendición de Cuentas y el Derecho a la Verdad.
Es preciso hacer un alto cada 10 de diciembre para evaluar cuánto hemos construido en favor de la igualdad, la justicia, la dignidad y la libertad como principios de los DDHH y construir las topias, que es como dice Marcela Lagarde: “hacer posible lo que falta”. El compromiso del Estado sigue pendiente: garantizar todos los derechos a todas las personas y con los mismos nombres.
Judith Vázquez Arreola
Teologa feminista, maestra en Derechos Humanos
Este texto fue publicado en Mexican Times, 9 diciembre 2015
