Impunidad Religiosa
Las Instituciones religiosas en México: banderas de la impunidad en el tema de Discriminación.
Judith Minerva Vázquez Arreola
En pleno festejo del Bicentenario de la Independencia Mexicana y el Centenario de la Revolución, las y los ciudadanos de este país hemos sido testigos de un enorme avance social al reconocer el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo en la Ciudad de México1.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en agosto del presente año, frente al recurso de Inconstitucionalidad2 interpuesto por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó lo que supimos desde septiembre de 2009, que eran Constitucionales las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Homologar el derecho al matrimonio y concubinato, cambiando la definición a dos personas, incluía también a las lesbianas y homosexuales, además de reconocer la diversidad de familias que integran a la sociedad mexicana y garantizando la adopción como uno más de nuestros derechos.
Los sectores más conservadores levantaron la voz, intentando silenciar impunemente a la justicia que reconocía la omisión histórica frente a un sector de la población. Haciendo uso de la Impunidad, la Corrupción y el Encubrimiento como los nuevos instrumentos de tortura en pleno siglo XXI, líderes religiosos y actores(as) políticos –panistas, priistas, petistas- levantaron sus dedos castigadores sobre lesbianas y homosexuales, sin dejar de lado asambleístas y funcionarios promoventes del respeto a nuestras formas de vida. Los comentarios discriminatorios y satanizantes vertidos por quienes pretenden mantener a la sociedad en el oscurantismo y la represión a través del miedo y la ignorancia, fueron detonantes de la división social y promotores de una nueva violencia hacia este sector de la población.
Muchas personas fuimos a denunciar la violación de las leyes, la incitación a la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual al Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED), quien finalmente ha determinado que: “los comentarios vertidos por algunos de los representantes de las Asociaciones Religiosas fueron discriminatorios, considerando que la defensa de la igualdad y de la dignidad de todas las personas no sólo es el centro de las democracias constitucionales, sino también parte fundamental de la doctrina de muchas religiones”3, ante lo cual reconocemos el esfuerzo que CONAPRED realiza en la difícil tarea de construir una sociedad libre de discriminación, con una ley sin dientes y que solo alcanza a “recomendar”. Sin embargo, aún falta apuntalar nuestras demandas y agotar todas las instancias quetenemos a nuestro alcance para hacer valer nuestros derechos y continuar avanzando hacia una democracia plural e incluyente.
En 1992 se implementó la Ley de Asociaciones religiosas y culto público4(LARCP), mediante la cual la Secretaría de Gobernación (SEGOB) es la responsable de velar por que las relaciones entre Instituciones Religiosas y el Estado se mantengan en equilibrio, de tal forma que todos los sectores de la población puedan ser regulados y los derechos de todas las y los ciudadanos puedan ser garantizados y protegidos; frente a esto nos preguntamos, ¿cómo es que no se ha escuchado un pronunciamiento de esta Secretaría frente al tema de discriminación e intromisión por parte de algunos representantes de las asociaciones religiosas implicadas, aun habiendo recibido denuncias a este respecto? En consecuencia, la sociedad civil permanece en espera de las acciones gubernamentales que combatan efectivamente la discriminación y la homofobia, defendiendo la Histórica separación del Estado y las Iglesias a través del cumplimiento de la ley en materia de Asociaciones religiosas y Culto Público.
Nos preguntamos nuevamente ¿En dónde se han legitimado las excepciones y concesiones que el Estado otorga a quienes evidentemente actúan con total impunidad en materia de discriminación?
Las lesbianas y homosexuales en la ciudad de México que hemos contribuido responsablemente en este avance histórico por nuestros derechos, y quienes hemos participado intensamente en las discusiones retóricas frente a los sectores conservadores en México basando nuestra argumentación en los Derechos y Garantías Constitucionales, haciendo uso de todas las leyes posibles con las que hemos contado, tenemos ahora el gran reto de exigir el cumplimiento cabal de todas las Leyes y Reglamentos vigentes que consagran nuestros derechos a la Libertad, la Igualdad y la No Discriminación.
No debemos perder de vista el objetivo central de nuestros esfuerzos que continua siendo el respeto y reconocimiento de nuestra ciudadanía plena como mexicanas y mexicanos.
Nuestras denuncias y exigencias deben tener muy claro que son las Instancias de Gobierno y las Instituciones Federales quienes deben ser señaladas y denunciadas; de tal forma que sean ellas quienes obliguen a todos los sectores de la población a cumplir las normas vigentes y de la misma forma serán ellas quienes impongan las infracciones y sanciones a quienes infrinjan la ley.
En éste proceso por el que hemos caminado como actoras y actores de cambio en favor de nuestros derechos, hemos tenido muy claro que nuestros interlocutores son quienes toman las decisiones (magistradas y magistrados, legisladoras y legisladores), y evidentemente quienes tienen el deber de implementar programas de gobierno que contribuyan a la paz social y edifiquen una sociedad equitativa, igualitaria, libre de todas las formas de discriminación y marginación, sin dejar de lado la función social de los medios de comunicación en donde se reproducen nuestros argumentos.
Hemos contado con el reconocimiento y trabajo de nuestros representantes gubernamentales en el Distrito Federal, las y los defensores de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil organizada, las y los académicos más destacados y las y los comunicadores responsables y comprometidos, quienes han sido nuestros auténticos aleados en la defensa de nuestros derechosciudadanos. De ninguna forma hemos transgredido las leyes y reglamentos vigentes atacando impunemente a quienes pretenden mantener la desigualdad social por medio de filosofías o dogmas religiosos, por que no son ellos a quienes hemos dirigido nuestros esfuerzos y reclamos de justicia social.
Nuestra batalla ganada ha sido ratificada Constitucionalmente con argumentos de Derecho Nacional e Internacional por nuestra máxima Institución de impartición de justicia, la SCJN, la cual adicionalmente recomienda la implementación de Políticas Públicas y programas de Gobierno que erradiquen la discriminación y promuevan el reconocimiento de todas las personas5.
En nuestro México secuestrado por la inseguridad y la violencia, la Impunidad ha sido el instrumento mediante el cual se transgreden las leyes sin que sean señalados y sancionados los delincuentes y criminales en nuestro país. La corrupción sigue siendo el arma más destructiva con la que operan quienes no están dispuestos a perder sus privilegios y riquezas conseguidas ilegalmente. Y el encubrimiento continuará destruyendo a nuestra sociedad fomentando la injusticia que nos mantiene aterrados. Combatir la impunidad, la corrupción y la complicidad es tarea de todas y de todos los mexicanos, pero particularmente de las instancias gubernamentales quienes tendrían que hacer que se cumplan, dirigiendo nuestros esfuerzos en unidad y apostando por la libertad y la dignidad de todas y todos.
Mientras quienes gobiernan sean los Cómplices de aquellos quienes no reconocen y respetan a las Leyes e Instituciones Mexicanas no podremos aspirar a una vida mejor y muy difícilmente podremos construir un país Laico, Libre y Soberano fuera de la demagogia.
Exijamos a la SEGOB que los promotores de la violencia social sean sancionados conforme a derecho y de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. Contribuyamos insistentemente al cumplimiento de las obligaciones de cada instancia de gobierno para que la justicia llegue a todas y todos sin ninguna distinción. Y que cada instancia de Gobierno cumpla con su mandato Constitucional que le fue encomendado.
1 Aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 21 de diciembre del 2009, Publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal por el Jefe de Gobierno Lic. Marcelo Ebrard Casaubon el 29 de diciembre del mismo año; entrando en vigor el 4 de marzo del 2010
2 Recurso de Inconstitucionalidad promovido por el titular de la PGR el 27 de enero del 2010 en contra de las modificaciones al Código Civil y al Código de Procedimientos civiles aprobados por la ALDF en diciembre del 2009.
3 Conapred concluye procedimientos de ministros de culto de la iglesia católica: http://www.conapred.org.mx/noticias_arturo.php?var=noticiasc1.html
4 Ley de Asociaciones y Culto Público http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24.pdf
5 Argumento del Ministro Fernando Franco del 16 de Agosto del 2010 en Sesión Plenaria de la SCJN
